Un hombre detenido por drogas se refugió en la Comisaría

14/05/2011

Corrido por su suegro

La historia parece extraída de una película del neorrealismo italiano. Un hombre originario de San Martín en el conurbano bonaerense, y con domicilio en Colón, y que fue detenido dos veces en los últimos meses por comercializar estupefacientes, se refugió en la Estación Comunal de Policía cuando era perseguido por el padre de su pareja, armado con una cuchilla de regulares dimensiones....

Según se supo, el individuo luego de un procedimiento antidrogas ocurrido el domingo a la 1 de la madrugada, en una vivienda de calle 16 entre 47 y 48, fue aprehendido y llevado a la Estación Comunal de Policía. El detenido, bajo proceso judicial quedó en libertad. Las versiones indican que salió de edificio policial caminando y se cruzó a las pocas cuadras con el padre de su actual pareja. El suegro luego de una corta discusión habría tomado una cuchilla y le habría infringido varias heridas cortantes. El vendedor de droga escapó, y corrió desesperado a la Comisaría e ingresó sangrando y a los gritos. Poco después y ante la sorpresa de los agentes de seguridad, entró el agresor, que lejos de amilanarse por el lugar, trató de seguir con su cometido, y fueron trabajosas las tareas de los policías presentes para lograr contenerlo. Historial El herido había sido aprehendido dos veces vendiendo droga. En la primera, cuando realizaba la tarea de remisero, fue capturado con tizas de cocaína en Ruta Nacional Nº 8 en el ingreso a Colón. El hombre habría viajado al conurbano bonaerense para aprovisionarse de drogas que luego revendía en la ciudad. La segunda ocasión fue el domingo y término cuatro días después liberado, pero volviendo a la Comisaría a pedir refugio.

http://www.colonbuenosaires.com.ar/semanariocolondoce/cgi-bin/hoy/archivo/2011/00000517.html

Médico de Pergamino con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad sigue atendiendo pacientes

Pergamino es un paradigma de la impunidad. Como en otros puntos del país, hubo cómplices civiles de la dictadura. Tal es el caso del médico Jorge Ramella, quien tiene prisión preventiva pero sigue atendiendo pacientes.

Fecha:04/08/2010 

Dicen que el intendente de la ciudad de Pergamino, Héctor Cachi Gutiérrez, tenía una pequeña debilidad: las niñas púberes. Ello malogró en las elecciones legislativas de 2009 su candidatura a diputado nacional por el cobismo, luego de que la religiosa Marta Pelloni lo acusara de proteger la trata de personas en un prostíbulo de aquella zona, además de intimar allí con menores en situación de esclavitud. Sin embargo, el polémico funcionario estaría ahora alejado de la pedofilia gracias al amor que le dispensa su nueva pareja, la señora Mariana Ramella. Ella es hija del prestigioso médico Jorge Eduardo Ramella, principal accionista de la Clínica Pergamino y uno de los personajes más influyentes de dicha comunidad. El problema es que el doctor está procesado con prisión preventiva por un delito de lesa humanidad cometido durante la dictadura. Pero bajo el amparo de su yerno, circula por las calles de esa ciudad como si las leyes de la democracia no existieran para él.
El 11 de febrero de 1977, María Delia Leiva fue secuestrada por un grupo de tareas en la localidad de San Martín ella estaba con su pequeño hijo, Gabriel Matías Cevasco, de apenas tres meses, fruto de su unión con Enrique Cevasco. Cuatro semanas después, en Pergamino, una mujer policía entregó el niño al matrimonio formado por Roberto Duarte y Margarita Fernández, quienes –a sabiendas de su origen– lo anotaron como propio para ello contaron con la inestimable colaboración del doctor Ramella, quien –también a sabiendas de su origen– suscribió un certificado de nacimiento apócrifo fechado el 13 de febrero de aquel año a nombre de Ramiro Hernán Duarte. Con tal identidad –y la consiguiente nebulosa sobre su pasado– transcurrió durante 26 años la vida de Gabriel. Hasta que, sacudido por un presentimiento, acudió a las Abuelas de Plaza de Mayo ellas lo acercaron a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), en donde pidió los estudios del Banco de Datos Genéticos. El 20 de octubre de 2002, aquel bebé convertido en botín de guerra durante la larga noche de la última dictadura se convirtió en el nieto recuperado número 70. Ello también fue el punto de partida de una compleja causa judicial que tendría al doctor Ramella como uno de sus más conspicuos protagonistas.
El 10 de abril de 2010, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín ratificó su prisión preventiva, aunque con el beneficio del arresto domiciliario.
Sin embargo, los medios de esa ciudad no mencionaron el asunto, tal vez en razón de la jugosa pauta publicitaria que la Clínica Pergamino les otorga. En cambio, uno de éstos –el diario local La Opinión– efectuó el 21 de julio pasado una amplia cobertura sobre la inauguración de un servicio de hemodinamia en ese sanatorio, destacando la presencia del mismísimo doctor Ramella, quien, además –según el sitio web de la clínica–, atiende allí a sus pacientes todos los martes y jueves.
Tales publicaciones prueban de modo palmario la sistemática violación por parte de Ramella de su arresto domiciliario. Y su complemento: la tolerancia de las autoridades policiales, las cuales, según parece, no desean entrar en conflicto con el poderoso yerno del encausado, quien a todas luces sería el garante de su impunidad.
Lo cierto es que el doctor Ramella encarna un paradigma muy particular de la complicidad civil durante los años de plomo: pese a que él no perteneció de modo orgánico a la estructura represiva del Estado, sí cometió en su nombre un delito aberrante. Y su anclaje en el presente no es menos metafórico: tolerado por la mayoría silenciosa de una pequeña urbe en la que todos se conocen y con el sostén de un poder político cuya cabeza visible también ha rozado formas no menos aberrantes del delito, el ya anciano médico habita un territorio en el que la Justicia aún no llegó.

Informe Ricardo Ragendorfer
Fuente: Miradas al Sur

https://www.inventario22.com.ar/textocomp.asp?id=49944

Trapos sucios en la clínica del doctor Ramella

Sábado 09 de Noviembre de 2013 | 04:32 Ricardo Ragendorfer

El traspié de un intendente desnuda las complicidades alrededor de la apropiación de un niño en Campo de Mayo. 

Fue un duro golpe para el intendente de la ciudad bonaerense de Pergamino, Héctor "Cachi" Gutiérrez: su hijo, Manuel Sebastián, de 18 años, fue detenido el 2 de noviembre junto a tres amigos a bordo de un Peugeot 206, justo cuando transportaban dos kilos de marihuana y una cantidad no precisada de cocaína. El infausto episodio ocurrió seis días después de que Gutiérrez –quien cumple su cuarto mandato consecutivo– fuera elegido diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) que lideran Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín.

Quizás por tal circunstancia, la mamá del muchacho y ex esposa del jefe comunal, Mónica Guridi, irrumpió desencajada en la Comisaría 1ª al grito de: "¡Esto es una cama política!" Cabe destacar que la señora es jueza y en la actualidad ejerce la presidencia de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Pergamino. "¡Esto es una cama!", siguió bramando la mujer, ante la mirada atónita y compasiva de los uniformados presentes. En cambio, desde el punto de vista republicano, la reacción de "Cachi" fue encomiable: "Estamos en guerra contra el narcotráfico; una guerra que amenaza con la disolución de las instituciones y la familia. Y en esta guerra no hay hijos ni entenados." No es, por cierto, el primer contratiempo que ese hombre enfrenta en su dilatada carrera. Su historia pública y privada da cuenta de ello.

Dicen en Pergamino que Gutiérrez tenía una pequeña debilidad: las niñas púberes. Ello malogró en las elecciones legislativas del año 2009 su candidatura a diputado nacional por el cobismo, luego de que la religiosa Marta Pelloni lo denunciara por proteger la trata de personas en un prostíbulo de esa ciudad, además de intimar allí con menores en situación de esclavitud.

Sin embargo, el polémico funcionario estaría ahora alejado de la pedofilia gracias al amor que le dispensa su nueva pareja, la señora Mariana Ramella. Ella es hija del prestigioso médico Jorge Eduardo Ramella, principal accionista de la Clínica Pergamino y uno de los personajes más influyentes de aquella comunidad. El problema es que el doctor está siendo juzgado en estos días en el Tribunal Oral Nº1 de San Martín por un delito de lesa humanidad cometido durante la última dictadura. Su vía crucis se remonta a noviembre de 2004, cuando se dictó su procesamiento con prisión preventiva. Pero bajo el amparo de su yerno, supo circular por las apacibles calles de Pergamino como si las leyes de la democracia no existieran para él.

El 11 de febrero de 1977, María Delia Leiva fue secuestrada por un grupo de tareas en la localidad de San Martín; ella estaba con su pequeño hijo, Gabriel Matías Cevasco, de apenas tres meses, fruto de su unión con Enrique Cevasco. Cuatro semanas después, en Pergamino, una mujer policía entregó el niño al matrimonio formado por Roberto Duarte y Margarita Fernández, quienes –a sabiendas de su origen– lo anotaron como propio; para ello contaron con la inestimable colaboración del doctor Ramella, quien –también a sabiendas de su origen– suscribió un certificado de nacimiento apócrifo fechado el 13 de febrero de aquel año a nombre de Ramiro Hernán Duarte.

Con tal identidad –y la consiguiente nebulosa sobre su pasado– transcurrió durante 26 años la vida de Gabriel. Hasta que, sacudido por un presentimiento, acudió a las Abuelas de Plaza de Mayo; ellas lo acercaron a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), en donde pidió los estudios del Banco de Datos Genéticos. El 20 de octubre de 2002, aquel bebé convertido en botín de guerra durante la larga noche de la última dictadura se convirtió en el nieto recuperado número 70. Ello también fue el punto de partida de una compleja causa judicial que tendría al doctor Ramella como uno de sus más conspicuos protagonistas.

El 10 de abril de 2010, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín ratificó su prisión preventiva, aunque con el beneficio del arresto domiciliario.

Sin embargo, los medios de esa ciudad no mencionaron el asunto, tal vez en razón de la jugosa pauta publicitaria que la Clínica Pergamino les otorgaba. En cambio, el diario local La Opinión efectuó el 21 de julio de 2011 una amplia cobertura sobre la inauguración de un servicio de hemodinamia en ese sanatorio, destacando la presencia del mismísimo doctor Ramella, quien, además –según el sitio web de la clínica–, atiende allí a sus pacientes todos los martes y jueves.

Tales publicaciones demostraron de modo palmario la sistemática violación por parte de Ramella de su arresto domiciliario. Y su complemento: la tolerancia de las autoridades policiales, las cuales, según parece, no deseaban entrar en conflicto con el poderoso yerno del encausado, quien a todas luces era el garante de su impunidad.

Ahora, los ojos de Pergamino están clavados en aquel tribunal oral de San Martín. Allí se investigan delitos cometidos durante el imperio del terrorismo de Estado en Campo de Mayo, que incluyen el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de Gabriel Cevasco y de otro niño. Los principales imputados –tras el fallecimiento de los reos Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy– son el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, el ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone, los apropiadores de las criaturas hoy recuperadas y –ya se sabe– el afamado médico de Pergamino.

Lo cierto es que el doctor Ramella encarna un paradigma muy particular de la complicidad civil durante los años de plomo: pese a que él no perteneció de modo orgánico a la estructura represiva del Estado, sí cometió en su nombre un delito aberrante. Y su anclaje en el presente no es menos metafórico: tolerado por la mayoría silenciosa de una pequeña urbe en la que todos se conocen y con el sostén de un poder político cuya cabeza visible también ha rozado formas no menos aberrantes del delito, el ya anciano médico es parte de ese territorio al que la justicia aún no llegó. Un territorio cuyo intendente aún ofrece mucha tela para cortar.  

http://www.infonews.com/nota/108010/trapos-sucios-en-la-clinica-del-doctor

POLICIALES No hay mal que dure cien años: murió en la cárcel Edgardo Mastandrea

17/09/2016

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El ex comisario, quien durante años se presentó como un experto en seguridad que denunciaba las irregularidades cometidas por las cúpulas de la Bonaerense, estaba purgando una condena a 15 años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín. 

El ex comisario juninense de la policía bonaerense Edgardo Antonio Mastandrea, de 69 años, que estaba detenido por graves violaciones a los derechos humanos, murió el miércoles 27 de julio del corriente año, luego de la amputación de sus piernas como consecuencia de la diabetes que padecía.

Mastandrea permanecía alojado en el pabellón 19 del Penal Federal de Marcos Paz, tras la pena que recibió en febrero de 2015, cuando se lo sentenció a 15 años de prisión luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata que lo juzgó lo encontrara culpable de delitos de lesa humanidad cometidos en Junín durante última dictadura cívico militar.

El otrora asesor de la Coalición Cívica ARI, de Lilita Carrió, quien también supo vincularse a organismos de derechos humanos y partidos políticos de centro-izquierda, como la UCR y el FREPASO, fue un activo participante del circuito represivo local, hechos juzgados el año pasado y por los cuales también recibieron condenas Angel Gómez Pola y Abel Oscar Bracken (perpetua); Francisco Manzanares y Antonio Chiachietta (25 años de cárcel); Miguel Angel Almirón y Julio Angel Esterlich (18 años). Los represores estuvieron bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército que entonces comandaba el general genocida Guillermo Suárez Mason, por eso el caso formó parte de la megacausa del Primer Cuerpo, que fue instruida por el hoy cuestionado juez federal Daniel Rafecas.

Edgardo Antonio Mastandrea también fue juzgado y condenado a 20 años de cárcel en San Nicolás, en la megacausa “Saint Amant II”, que investigó los delitos de lesa humanidad perpetrados en el área de Pergamino. El ex oficial de la bonaerense fue denunciado en 2007 por José María Budassi, ex alumno del colegio Don Bosco de San Nicolás, quien fuera secuestrado junto a un grupo de estudiantes de esa institución educativa.

Budassi hizo públicos los antecedentes de Mastandrea cuando este se desempeñaba “como asesor en seguridad” en la campaña presidencial de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien rápidamente se despegó del sospechoso.

“Lo que hacía Mastandrea era participar de los interrogatorios, en los cuales había tormentos. Después armaba los sumarios en la comisaría de Junín, donde entonces era oficial inspector. En base a esos documentos, a los detenidos nos blanqueaban y nos pasaban a los Consejos de Guerra”, explicó el sobreviviente.

El juez de federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo citó al denunciado a indagatoria; lo procesó y más tarde le concedió la excarcelación, sin embargo, organismos de derechos humanos de Junín aportaron nuevas evidencias en contra del ex policía. Tres años después, y en base a esas denuncias, el juez Daniel Rafecas ordenó la detención de Mastandrea por su participación en el centro clandestino de la Comisaría de Junín, como parte de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército, juzgada entre fines de 2015 y principios de 2015.

Mientras ascendía en el escalafón de la fuerza, Mastandrea cursó la carrera de derecho y se recibió a finales de los '70 de abogado.

Trabajó como jefe de una división de combate al narcotráfico con sede en Berazategui, pero con la llegada de Pedro Klodczyk a la jefatura bonaerense, durante la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador, Mastandera resultó desplazado de la fuerza, acusado de cobrarle protección a una red de casinos clandestinos que funcionaba en La Plata.

Comenzó entonces a desfilar por los medios y a presentarse en programas en los que se tocaba el tema de la inseguridad y la corrupción policial. En esos espacios se mostraba como experto en la materia, al definirse partidario de “una policía profesional, garantista y democrática”.

En paralelo, actuaba como abogado e impulsaba la conformación de los “sin gorra”, un grupo de efectivos exonerados que pretendían conformar un sindicato policial.

El periodista Ricardo Ragendorfer, autor junto a Carlos Dutil del libro “La Bonaerense”, cuenta que a fines de los ’90 trató a Mastandrea en varias oportunidades, y entonces, el antiguo oficial “se mostraba como una suerte de capitán Dreyfus de la fuerza policial más grande del país”.

“Traté a Mastandrea en varias ocasiones y parecía un crítico convencido de la gestión de Klodczyk y de la plana mayor de la bonaerense. Daba el perfil de un policía bueno”, evoca Ragendorfer. Y al respecto, aportó una anécdota: “Recuerdo que una vez estuve con Mastadrea y el comisario Mario Naldi en un programa de TV, en el que se tocó el tema de la participación de la Bonaerense en el terrorismo de estado. ‘Nunca tuve ninguna causa’, repetía Naldi mientras miraba de reojo a su antiguo camarada”.

Fallo del TOC Nº 1

de La Plata (2015)

“Por unanimidad, condenando a Edgardo Antonio Mastandrea, de las demás condiciones personales consignadas en el exordio, a la pena de quince (15) años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, y demás accesorias legales, y al pago de las costas del proceso, por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar  (1976-1983)  al intervenir en la lesión grave a la  integridad física o mental de los miembros del grupo y  en el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física, total o parcial, mediante la comisión en calidad de  coautor del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus  funciones, agravada por haberse perpetrado con violencias o amenazas y aplicación de tormentos por  parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de Rubén Pío Soberano, Ana María Rinaldi,  Normando Federico Di  Sábato, Alberto Pedro Silva,  Graciela Raquel Ciappesoni de Pajoni, Víctor Edmundo  Pajoni, Armando Antonio Álvarez, Horacio Roberto Arce,  Digna Imelde Sans, Ariel Nelson De Siervo, Ricardo Luis Vega, Héctor Vega, Benito Gorgonio De Miguel, Rubén Américo Liggera y Juan José Martín, todos los casos en concurso real entre sí, habiendo ellos transcurrido su  cautiverio en Centros Clandestinos de Detención del Circuito represivo de Junín”.

http://www.semanariodejunin.com.ar/single-post/2016/09/17/No-hay-mal-que-dure-cien-a%C3%B1os-muri%C3%B3-Edgardo-Mastandrea