El traspié de un intendente desnuda las complicidades alrededor de la apropiación de un niño en Campo de Mayo.
Fue un duro golpe para el intendente de la ciudad bonaerense de Pergamino, Héctor "Cachi" Gutiérrez: su hijo, Manuel Sebastián, de 18 años, fue detenido el 2 de noviembre junto a tres amigos a bordo de un Peugeot 206, justo cuando transportaban dos kilos de marihuana y una cantidad no precisada de cocaína. El infausto episodio ocurrió seis días después de que Gutiérrez –quien cumple su cuarto mandato consecutivo– fuera elegido diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) que lideran Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín.
Quizás por tal circunstancia, la mamá del muchacho y ex esposa del jefe comunal, Mónica Guridi, irrumpió desencajada en la Comisaría 1ª al grito de: "¡Esto es una cama política!" Cabe destacar que la señora es jueza y en la actualidad ejerce la presidencia de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Pergamino. "¡Esto es una cama!", siguió bramando la mujer, ante la mirada atónita y compasiva de los uniformados presentes. En cambio, desde el punto de vista republicano, la reacción de "Cachi" fue encomiable: "Estamos en guerra contra el narcotráfico; una guerra que amenaza con la disolución de las instituciones y la familia. Y en esta guerra no hay hijos ni entenados." No es, por cierto, el primer contratiempo que ese hombre enfrenta en su dilatada carrera. Su historia pública y privada da cuenta de ello.
Dicen en Pergamino que Gutiérrez tenía una pequeña debilidad: las niñas púberes. Ello malogró en las elecciones legislativas del año 2009 su candidatura a diputado nacional por el cobismo, luego de que la religiosa Marta Pelloni lo denunciara por proteger la trata de personas en un prostíbulo de esa ciudad, además de intimar allí con menores en situación de esclavitud.
Sin embargo, el polémico funcionario estaría ahora alejado de la pedofilia gracias al amor que le dispensa su nueva pareja, la señora Mariana Ramella. Ella es hija del prestigioso médico Jorge Eduardo Ramella, principal accionista de la Clínica Pergamino y uno de los personajes más influyentes de aquella comunidad. El problema es que el doctor está siendo juzgado en estos días en el Tribunal Oral Nº1 de San Martín por un delito de lesa humanidad cometido durante la última dictadura. Su vía crucis se remonta a noviembre de 2004, cuando se dictó su procesamiento con prisión preventiva. Pero bajo el amparo de su yerno, supo circular por las apacibles calles de Pergamino como si las leyes de la democracia no existieran para él.
El 11 de febrero de 1977, María Delia Leiva fue secuestrada por un grupo de tareas en la localidad de San Martín; ella estaba con su pequeño hijo, Gabriel Matías Cevasco, de apenas tres meses, fruto de su unión con Enrique Cevasco. Cuatro semanas después, en Pergamino, una mujer policía entregó el niño al matrimonio formado por Roberto Duarte y Margarita Fernández, quienes –a sabiendas de su origen– lo anotaron como propio; para ello contaron con la inestimable colaboración del doctor Ramella, quien –también a sabiendas de su origen– suscribió un certificado de nacimiento apócrifo fechado el 13 de febrero de aquel año a nombre de Ramiro Hernán Duarte.
Con tal identidad –y la consiguiente nebulosa sobre su pasado– transcurrió durante 26 años la vida de Gabriel. Hasta que, sacudido por un presentimiento, acudió a las Abuelas de Plaza de Mayo; ellas lo acercaron a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), en donde pidió los estudios del Banco de Datos Genéticos. El 20 de octubre de 2002, aquel bebé convertido en botín de guerra durante la larga noche de la última dictadura se convirtió en el nieto recuperado número 70. Ello también fue el punto de partida de una compleja causa judicial que tendría al doctor Ramella como uno de sus más conspicuos protagonistas.
El 10 de abril de 2010, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín ratificó su prisión preventiva, aunque con el beneficio del arresto domiciliario.
Sin embargo, los medios de esa ciudad no mencionaron el asunto, tal vez en razón de la jugosa pauta publicitaria que la Clínica Pergamino les otorgaba. En cambio, el diario local La Opinión efectuó el 21 de julio de 2011 una amplia cobertura sobre la inauguración de un servicio de hemodinamia en ese sanatorio, destacando la presencia del mismísimo doctor Ramella, quien, además –según el sitio web de la clínica–, atiende allí a sus pacientes todos los martes y jueves.
Tales publicaciones demostraron de modo palmario la sistemática violación por parte de Ramella de su arresto domiciliario. Y su complemento: la tolerancia de las autoridades policiales, las cuales, según parece, no deseaban entrar en conflicto con el poderoso yerno del encausado, quien a todas luces era el garante de su impunidad.
Ahora, los ojos de Pergamino están clavados en aquel tribunal oral de San Martín. Allí se investigan delitos cometidos durante el imperio del terrorismo de Estado en Campo de Mayo, que incluyen el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de Gabriel Cevasco y de otro niño. Los principales imputados –tras el fallecimiento de los reos Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy– son el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, el ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone, los apropiadores de las criaturas hoy recuperadas y –ya se sabe– el afamado médico de Pergamino.
Lo cierto es que el doctor Ramella encarna un paradigma muy particular de la complicidad civil durante los años de plomo: pese a que él no perteneció de modo orgánico a la estructura represiva del Estado, sí cometió en su nombre un delito aberrante. Y su anclaje en el presente no es menos metafórico: tolerado por la mayoría silenciosa de una pequeña urbe en la que todos se conocen y con el sostén de un poder político cuya cabeza visible también ha rozado formas no menos aberrantes del delito, el ya anciano médico es parte de ese territorio al que la justicia aún no llegó. Un territorio cuyo intendente aún ofrece mucha tela para cortar.
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