27, Noviembre 2012Con víctimas dolidas, con militantes activos, con ciudadanía despierta y conciente, la historia de la violación de los derechos humanos en Pergamino en épocas previas y durante el Terrorismo de Estado empieza a dejar de ser secretamente ocultada, encubierta y entregada al olvido. El coraje supera al miedo, la palabra al silencio, la memoria se asocia a la verdad histórica y la justicia a la reparación moral. Se ha perforado el muro que encubría la responsabilidad de los civiles "cómplices" o "colaboradores" de la última dictadura genocida y también el muro ideológico - cultural que no dejaba comprender el modelo económico destructivo que se instauró desde 1976.
Uno de los capítulos más intensos de las escaladas represivas violentas desatadas por el Gobierno de facto se inscribe en el sistemático plan de intervención militar directa para "adecuar" organismos públicos estratégicos de ciencia y tecnología como el INTA, en "beneficio" del agro argentino. Una rigurosa investigación de Cecilia Gárgano publicada en su tesis de doctorado sobre "La dictadura y el INTA" describe el contexto de medidas económicas de carácter general de desmantelamiento y desestructuración del aparato productivo, el rol que debía jugar el INTA para reorientar la política subsidiaria de transferencia de inversiones de un organismo público con perfil "empresarial" y funcional a los intereses del sector privado del engranaje agropecuario. Las agendas de investigación, extensión y proyectos de investigación autónomos de desarrollo avanzado fueron explícitamente direccionados para que el capital concentrado agrario se apropiara del conocimiento científico y tecnológico del Instituto. Fueron clausurados los debates sobre los diagnósticos críticos surgidos de equipos de técnicos que caracterizaban la necesidad de salir de un perfil tecnoproductivo para atender las demandas sociales de la ruralidad. Y por último el aniquilamiento de proyectos de ley sobre impuesto nacional potencial a la tierra, ley de arrendamientos, ley de semillas, o la integral ley agraria.
Producido el golpe, la Marina se hace cargo de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el designado Interventor militar Alberto Rafael Heredia realiza operativos de "saneamiento, depuración o limpieza de recurso humano laboral". Por "razones de seguridad" se producen aproximadamente 630 cesantías, detenciones, y desapariciones de técnicos, administrativos, investigadores y trabajadores agremiados que integraban los planteles de distintas Estaciones Experimentales. Representaba un 30 por ciento del total del personal del Instituto.
A la fecha no existe un listado oficial institucional o gremial de detenidos-desaparecidos del INTA, pero constan en registros judiciales, asentados en la Conadep y relatados por personal del instituto y familiares, cuatro desapariciones acreditadas en los planteles de INTA Castelar: Marta Sierra, María José Rapela, Gustavo Rodolfo Giombini, y Carlos Alberto Rodriguez Costa.
Según la investigadora becaria del CONICET, Licenciada en Historia de la UBA, Cecilia Gárgano, la Estación Experimental de Pergamino fue una de las más afectadas. Cuarenta y cuatro personas, o sea el dieciséis por ciento del personal, fue sometido a cesantías por razones de seguridad y algunos también detenidos como Alberto Golberg y su esposa Mabel, Alejandro Couretot, María Angélica de la Cruz, Laura Lasalvia, Laura Ochova y Alberto Kippen.
Alberto Golberg, ingeniero agrónomo cesanteado, que estuvo detenido por más de dos años en el penal de Sierra Chica y fue reiteradamente interrogado bajo torturas sobre cuestiones políticas, gremiales y raciales expresó su reflexión pedagógica sobre el componente civil de la dictadura militar en el acto de homenaje y colocación de placa recordatoria organizado en la seccional del gremio APINTA de Pergamino por la Asociación Civil por la Memoria y los Derechos humanos y la Comisión de Cesanteados del INTA. Se preguntó ante cien personas presentes si hubiera sido posible la represión en su faz cuantitativa si toda la responsabilidad tocara a a las Fuerzas Armadas, de seguridad o los servicios de inteligencia. Manifestó que los militares fueron el emergente del iceberg. Para Golberg la base invisible de ese iceberg fue de gran importancia y le compete a la sociedad civil estratificada en tres partes: los autores civiles representantes de los intereses económicos empresariales del paradigma neoliberal, los buchones y colaboradores (funcionarios de instituciones estatales, públicas y privadas) que participaron entusiastamente por motivos ideológicos, y los ciudadanos comunes y corrientes que repetían "por algo habrá sido" o "yo no ví nada, no sabía nada".
El ingeniero Goldberg declaró ante el Juez Federal Daniel Rafecas :"A todos los que fuimos trabajadores del INTA y padecimos los avatares del Proceso no se nos escapa que ha habido una "colaboración institucional" que determinó nuestro destino y en el caso particular de la estación de Pergamino donde la persecución se hizo más rigurosa, tengo la convicción de que el entonces Director fue uno de los más conspicuos colaboradores. Cuando los militares invadieron la estación experimental de Pergamino, días después del golpe, como máxima autoridad de la institución se encontraba el Ingenerio Jorge Josifovich.
La convicción se afianzó cuando de regreso del exilio, afincado en Santa Rosa La Pampa, Golberg trabó una amistad con el ingeniero Guillermo Covas, director de la estación experimental de Anguil designado por el Proceso quien le confirmó que se le había solicitado la confección del listado de subversivos de la estación y él respondió que en Anguil no hay subversivos y no pasó nada con el personal. En Pergamino, uno o varios civiles respondieron que sí había subversivos y que el INTA era operado por Montoneros. Ahí comenzó la historia de nuestros cesanteados, detenidos y torturados. Sabremos toda la historia alguna vez?
Por: Gustavo Perez Ruiz (EL CIUDADANO de Pergamino)
http://www.elpergaminense.com/index.php?articulo_id=8665
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